Chiapas al Dia 154 Via NY Transfer News Collective * All the News that Doesn't Fit source - ciepac@laneta.apc.org BOLETIN "CHIAPAS AL DIA" No. 154 CIEPAC; CHIAPAS, MEXICO. (7 de Mayo de 1999) LAS DISCUSIONES SOBRE LA PARAMILITARIZACION A ramz de que en la iniciativa de Ley sobre Amnistma y Desarme a los Grupos Civiles en Chiapas, presentada por el gobernador Roberto Albores al Congreso Local, de manera adrede se omitis el concepto Paramilitar porque no se reconoce la existencia de istos y se sustituys por el de Grupos de Civiles Armados, por lo que las opiniones, discusiones, reflexiones y artmculos de opinisn, por parte de intelectuales, dirigentes de Partidos Polmticos, de organizaciones sociales, lmderes religiosos, ONGS, etc., han insistido en remarcar que con esa iniciativa el gobierno pretende dejar impunes a los grupos paramilitares que han provocado acontecimientos sangrientos y arrojado como saldo mas de 300 muertos, mas de 21 mil desplazados, 45 templos catslicos cerrados pertenecientes a la Discesis de San Cristsbal, pirdidas de cosechas, etc., lo cual es considerado como muestra de una falta de voluntad polmtica de imparticisn de justicia y de manera abierta la proteccisn a esos grupos. En este ambiente de discusiones es que el Diputado Federal por el Partido de la Revolucisn Democratica (PRD) y miembro de la Comisisn de Concordia y Pacificacisn (COCOPA), Gilberto Lspez y Rivas, acuss al gobernador del estado Roberto Albores Guillen, de armar teatros de entrega de armas de supuestos zapatistas y de proteger a grupos paramilitares. La respuesta tanto del gobernador Albores, como de Diputados del PRI, el Congreso Local y el Representante del Congreso Local ante la COCOPA, rechazaron las denuncias y conminaron a Lspez y Rivas a presentar pruebas de sus declaraciones. Ante tal situacisn, iste les toms la palabra y el dma 30 de abril presents ante la Procuradurma General de la Repzblica (PGR) una demanda en la que presenta una serie de documentos y estudios donde se evidencia la existencia de los grupos paramilitares. En la demanda se denuncia que dentro de la estrategia de guerra orquestada por el excomandante de la VII Regisn Militar (con sede en Tuxtla Gutiirrez, Chiapas) Mario Renan Castillo, preparado en la Escuela de Las Amiricas, haya considerado dentro de su estructura contrainsurgente la creacisn de grupos paramilitares "...que apoyan activamente al gobierno estatal y federal en esta guerra de baja intensidad." . La demanda considera entre otras cosas, el involucramiento de militares en esta estrategia, con "...la presencia de militares en la masacre de Acteal es la presencia de una persona que el Libro Blanco Sobre Acteal identifica como el exmilitar Mariano Pirez Ruiz...". "...Quien recibis del expresidente municipal de Chenalhs, Jacinto Arias Cruz, un fusil AK-47, arma con la que Mariano Ruiz empleaba entre otras cosas, para impartir adiestramiento a diversas personas del poblado Pechiquil..." . Cabe recordar que Pirez Ruiz en junio de 1998, bajo el expediente 96/98, declars y admitis ante la Procuradurma General de la Repzblica, "...que exfuncionarios y lmderes del PRI son responsables de contratar militares y policmas para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indmgenas de Chenalhs.". Agrega, "es cierto que declari en ese sentido, fue debido a que los elementos de la policma militar me obligaron a declarar en esa forma, pues si no lo hacma me iban a desaparecer, ademas todavma era militar activo y tenma que acatar las srdenes de un superior". Pirez Ruiz, coments que "En el Bar denominado `La Poblanita` en San Cristsbal de Las Casas un seqor del que no recuerdo su nombre era el encargado de contactar a militares y policmas que serman los encargados de organizar grupos de operaciones encargados de proteger a los primstas de los zapatistas en la comunidad de Los Chorros, por lo que ofrecman de 5 a 6 mil pesos por tres dmas", "...siendo Tomas Pirez Mindez, miembro del Comiti Municipal del PRI el que hacma los pagos, segzn especifica el expediente 96/98" . La demanda de Lspez y Rivas considera que "Los grupos paramilitares son ahora la fuerza de contencisn activa en Chiapas. Mientras que el ejircito se ha desplegado como una fuerza de contencisn pasiva, los paramilitares han estado dedicados ha hostigar con acciones armadas a las bases de apoyo zapatistas o que estan alineados con el PRD, a lmderes agrarios y a Obispos y Sacerdotes de la Discesis de San Cristsbal". La demanda pide que se ejerza accisn penal contra 8 grupos paramilitares y sus dirigentes, entre ellos: Paz y Justicia, Movimiento Indmgena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Los Chinchulines, Tomas Munzer, Fuerzas Armadas del Pueblo, Alianza San Bartolomi de Los Llanos, Los Degolladores y contra Grupos Ansnimos que se encuentran armados en por lo menos siete municipios de los Altos, el Norte y la Frontera de Chiapas. Considera que en el escenario de "...cooperacisn de los militares y policmas supondrma la aplicacisn de una tactica militar de contraguerrilla conocida como 4yunque y martillo`, la cual consiste en que el ejircito e instituciones policiacas adoptan la funcisn de fuerzas de contencisn (yunque) y permiten realizar la funcisn de golpeo de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes" . El Desarrollo de la Estrategia Mientras Lspez y Rivas presentaba su demanda, las comunidades indmgenas y organizaciones en Chiapas realizaron varias denuncias del actuar de los presuntos grupos paramilitares, contradiciendo las opiniones del gobierno estatal y de funcionarios que niegan la existencia de grupos paramilitares. Azn, cuando hay declaraciones de Samuel Sanchez Sanchez, dirigente de "Paz y Justicia" en el sentido de reconocer que ese grupo cuenta con armas y que estarman dispuestos a deponerlas "si el Ejircito Zapatista de Liberacisn Nacional (EZLN) y las guardias rojas de la Discesis de San Cristsbal deciden desarmarse" a).- La Actuacisn de los Presuntos Grupos Paramilitares A continuacisn presentamos una cronologma de las denuncias de las comunidades, declaraciones a la prensa y a organismos defensores de derechos humanos del actuar de los presuntos grupos paramilitares: El 3 de mayo se dio una nueva emboscada a pobladores de la comunidad Los Platanos, municipio de El Bosque, cuando se dirigman a su trabajo, con saldo de una persona muerta. Los agredidos pertenecen al PRI y responsabilizaron a los zapatistas. Los zapatistas de Los Platanos fueron desplazados en junio del aqo pasado, cuando la agresisn a las comunidades Unisn y Progreso y Chavajeval, por parte del ejircito y la Policma de Seguridad Pzblica (Expreso Chiapas 04/05/99) Autoridades del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia del municipio de Chilsn, denunciaron que 17 miembros de Los Chinchulines (grupo acusado de ser paramilitar y responsable de la accisn violenta el 5 de mayo de 1996 en Bachajsn, Chilsn), recientemente liberados de la carcel de Cerro Hueco, estan creando una ola de terror y hostigamiento contra aquellos que consideran sus enemigos polmticos, sean del PRI, PRD o de otras organizaciones sociales, responsabilizando al gobierno del estado de los posibles acontecimientos que pudieran derivarse. Al mismo tiempo, pidieron a la PGR atraiga las averiguaciones previas iniciadas contra este grupo (Diario Cuarto Poder 04/05/99) El 22 de abril simpatizantes del EZLN y del PRD realizaron un plantsn indefinido frente a la carcel Distrital de Yajalsn, para exigir la libertad de dos indmgenas que fueron detenidos por caciques de la regisn y entregados a las autoridades de justicia. Ademas, denuncian que en las comunidades Hidalgo Joshil y la Unisn Buena Vista, existen 36 srdenes de aprehensisn sobre todo en aquellos que participaron durante la consulta zapatista el 21 de marzo. Denunciaron el constante hostigamiento de que son objeto por parte de "Paz y Justicia". Agregaron, que "la persecucisn de nuestros compaqeros es parte de una estrategia del gobierno estatal, que esta utilizando conflictos agrarios y viejas rencillas, para crear enfrentamiento en las comunidades y justificar la represisn a quienes se opongan. Justo ahora que el gobierno esta haciendo operativos en varias comunidades indmgenas, crea el problema aqum y mete a la policma a perseguir a los campesinos. (La Jornada 23/04/99) En un reportaje de Jeszs Rammrez Cuevas en el diario La Jornada (25/04/99) en la Seccisn del Masiosare, entre muchas otras cosas, se narran los testimonios de indmgenas choles, que afirman lo denunciado por Lspez y Rivas, es el caso de Ramsn: "hoy que estamos luchando pacmficamente los paramilitares de 4Paz y Justicia` nos siguen agrediendo, tienen buenas armas y hemos visto que el ejircito les da entrenamiento". "El gobierno metis mucho dinero para proyectos y comprs a dirigentes de las comunidades. Pero los meros organizadores de Paz y Justicia desviaron el dinero de las comunidades para comprar armas y trajes de la policma. Dieron transporte y armas para los paramilitares". Marcos Albino Torres (sindico de Tila), Samuel Sanchez Sanchez (exdiputado local por el PRI), Carlos Lspez Martmnez (expresidente municipal), Isabelino Martmnez (regidor), Diego Vazquez y Raymundo Torres (presidente municipal de Tila) y Juan Martmnez, son los fundadores de Paz y Justicia. "Ahora se estan peleando entre ellos por el dinero. Ellos se reznen con funcionarios del gobierno y con los militares para planear sus ataques", denuncia Ramsn. "No pueden haber asesinos en la presidencia municipal. Paz y Justicia no ha sido desarmado, pero el gobierno insiste en que se desarmen los zapatistas...". Este reportaje ofrece una cronologma de la violencia que se ha suscitado en la zona norte desde octubre de 1998 a la fecha. Por otro lado, Mariclaire Acosta, presidenta de la Comisisn de Defensa y Promocisn de los Derechos Humanos AC, denuncis que existe una campaqa de hostigamiento contra su representante en Chiapas, el abogado defensor de los presos zapatistas, Miguel Angel de los Santos, lo cual considers como el inicio de una campaqa de persecucisn contra defensores de derechos humanos en la entidad, ademas de que son previsibles nuevos hechos de violencia en Nicolas Ruiz. (La Jornada 04/05/99). El antecedente de esta denuncia esta en que el gobierno estatal acusa a dicho abogado de ser el autor intelectual de la situacisn actual que se vive en el municipio de Nicolas Ruiz. En este municipio 600 comuneros decidieron pasarse a las bases de apoyo del EZLN y en dos periodos consecutivos han mantenido bajo su mando la presidencia municipal con las siglas del PRD. Pero un grupo de 23 comuneros decidis pasarse al PRI, por lo que rompieron el acuerdo comunitario y fueron expulsados. Esta situacisn esta generando tensisn y sigue latente desde el aqo pasado cuando el municipio fue desmantelado por las fuerzas policiacas y como consecuencia varios campesinos se encuentran en la carcel, de quienes Miguel Angel de los Santos, es su defensor. La organizacisn de la sociedad civil Las Abejas de Chenalhs, denuncis que a ramz de la reciente detencisn de Lorenzo Pirez Vazquez, implicado en los hechos violentos del 22 de diciembre de 1997 en la masacre de Acteal, como venganza los paramilitares amenazan con repetir su accisn; ya que entre los dmas 5 y 6 de mayo, los paramilitares a quienes identificaron como militantes del PRI, realizaron varios disparos alrededor de las comunidades de Yibeljoj y Yashgemel; los habitantes de la comunidad los vieron portando armas de grueso calibre rondando la comunidad. El 6 de mayo, en la comunidad de Yabteclum, Agustmn Vazquez Ruiz, dirigente de Las Abejas, fue amenazado de muerte por el primsta Agustmn Jiminez Mindez, porque lo responsabiliza del encarcelamiento de Pirez Vazquez (Comunicado de prensa del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomi de Las Casas" 10/05/99). La comunidad de Jalisco, en el municipio de Altamirano, denuncis que los grupos paramilitares de la zona estan recorriendo las comunidades haciindose pasar como indocumentados y que se encuentran perdidos, por lo que piden a los pobladores que les enseqen las veredas por donde transitan los habitantes de cada una de las comunidades. Juan Encinos Gsmez, dirigente de la organizacisn "Tres Nudos" del municipio de Oxchuc, denuncis que en la comunidad La Independencia, existe un campo de entrenamiento de presuntos paramilitares (Diario Cuarto Poder 30/04/99) b).- El Despliegue del Ejircito Federal En este apartado presentamos una cronologma de las denuncias de las comunidades, declaraciones a la prensa y a organismos defensores de derechos humanos de la actuacisn del ejircito en las comunidades: El Diputado Federal por el PRD, Manuel Pirez Garcma, originario de la comunidad Jolnixtii, municipio de Tila, denuncis que en ese municipio en las comunidades de Cruz Palenque, Masoja, Emiliano Zapata y Jolnixtii, el ejircito instals 4 nuevos retenes y desplazs vehmculos artillados y soldados en esa comunidades durante los operativos recientes en las comunidades afines al movimiento zapatista, bajo el pretexto de la bzsqueda de un arma que fue robada a un militar que andaba vestido de civil en las inmediaciones de las comunidades Jolnixtii y Masoja. Por hacer estas declaraciones Pirez Garcma fue requerido por la Procuradurma General de la Repzblica para comparecer ante la Fiscalma Especial de la Federacisn (Expreso Chiapas 04/05/99). El 25 de abril, el Consejo Autsnomo de San Pedro de Michoacan, establecido en la jurisdiccisn del municipio constitucional de Las Margaritas, denuncis que el 19 de abril primstas de la comunidad Vicente Guerrero, acompaqados del ejircito federal, despojaron de un terreno a bases de apoyo zapatistas, donde estuvo a punto de darse un enfrentamiento (26/04/99). El 27 de abril, habitantes de las comunidades de Albino Corzo, Primera y Segunda Seccisn; Boca Chancala, San Martmn Chamizal y San Francisco Palenque, cercanas al Aguascalientes de Roberto Barrios, en el municipio de Palenque; denunciaron que miembros del ejircito acompaqados de paramilitares y primstas, el 24 de abril se instalaron a las orillas de las comunidades, al siguiente dia penetraron a las parcelas preguntando quienes eran zapatistas y quienes sembraban mariguana. El 25 de abril un grupo de civiles armados penetrs a la comunidad San Martmn Chamizal, preguntando sobre los zapatistas, quienes son, donde viven y a que horas se reznen. Los habitantes los cuestionaron sobre su actitud y respondieron que venman del gobierno del estado a realizar estudios de las calles y comenzaron a hacer un croquis de la comunidad. (La Jornada 28/04/99) A una semana de realizarse el Encuentro de la Sociedad Civil con el EZLN en la Realidad, Chiapas; se incrementaron los retenes militares y la revisisn se volvis mas estricta. Con el pretexto de aplicar la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos, el ejircito se encuentra instalado en el Crucero de Rancho Nuevo-Ocosingo; en el Boulevard de Comitan en la salida a Las Margaritas-Altamirano; en Vicente Guerrero y Guadalupe Tepeyac, a 15 kilsmetros antes de llegar a La Realidad. Al mismo tiempo, se encuentra ubicado el Instituto Nacional de Migracisn, la Policma de Seguridad Pzblica y elementos de la PGR en el Crucero El Carmelito Teopisca-Comitan; y en los Ejidos Gabino Vazquez y Zaragoza, municipio de Las Margaritas. En el reportaje periodmstico donde se denuncian estos actos, se dan una serie de testimonios de como actzan los cuerpos policiacos y militares en los retenes contra la poblacisn indmgena de la zona y extranjeros que se incorporan como observadores en los Campamentos Civiles de Paz. (La Jornada 05/05/98) Las Repercusiones Los hechos narrados arriba, desmienten las versiones oficiales y fortalecen la demanda de Lspez y Rivas; ademas de que obligan al gobierno a fijar su posicisn, que ante las evidencias y la contestacisn que dis el Diputado perredista, en la prensa hay un silencio oficial que demuestra la inexistencia de argumentos que contradigan los hechos. Sin embargo, los efectos de esta polmtica tienen gran resonancia en los lugares donde se juegan las relaciones comerciales de Mixico con Europa. En la medida en que el gobierno no reconozca su falta de voluntad en la resolucisn de las causas que dieron origen al conflicto armado y continze con su discurso de llamado a la paz, y los hechos de los cuerpos policiacos y presuntos paramilitares contradigan su actuar, los Organismos No Gubernamentales, las caravanas de solidaridad nacional e internacional, van ganando credibilidad y disputando un terreno en el exterior al gobierno que antes era intocable. En este sentido el papel que ha jugado el gobernador Roberto Albores Guillen ha contribuido a deteriorar la imagen del gobierno mexicano en el extranjero, por las acciones cotidianas de represisn, pero tambiin por la polmtica gubernamental ejercida contra los observadores extranjeros de la situacisn en Chiapas, bajo el argumento del respeto a la soberanma nacional. Basta mencionar dos acontecimientos importantes que dan ejemplo de ello. El periodista Jaime Avilis en la columna el Tonto del Pueblo (24/04/99), narra como el 21 de abril el Comiti Internacional de Relaciones Econsmicas Exteriores del Parlamento Europeo, en Bruselas, Bilgica; aprobs la aceleracisn del Acuerdo Comercial con Mixico. De los 23 miembros del organismo, 13 votaron a favor, 7 en contra y 3 se abstuvieron. Cuando hace un mes 22 de ellos opinaban en favor. Lo que influys en el cambio cuantitativo y cualitativo fue una campaqa de informacisn de las redes europeas de solidaridad con el pueblo de Chiapas (entre ellos varios expulsados de Chiapas), condicionando el acuerdo comercial a presiones diplomaticas al gobierno mexicano para obligarlo a suspender sus practicas represivas contra los disidentes. Cabe recordar que en abril de 1998, este organismo aprobs un Acuerdo Comercial Interno de Colaboracisn Econsmica y Cooperacisn Comercial entre la Unisn Europea y Mixico, recordando que al final del proceso azn tendrma la facultad de manifestarse sobre los resultados concretos del pacto en sus diversos ambitos, entre ellos el de los derechos humanos. En este sentido vale la pena destacar los trabajos y reportes en materia de violaciones a los derechos humanos que han hecho llegar a la Unisn Europea los Organismos Defensores de Derechos Humanos de Mixico, en la Red "Todos los Derechos para Todos", la Comisisn Civil Internacional de Observacisn por los Derechos Humanos (CCIODH) en febrero de 1998; los reportes de Amnistma Internacional, la Comisisn Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; entre otros. El otro acontecimiento de tomar en cuenta es la X Reunisn Interparlamentaria Mixico-Espaqa, el 3 de mayo en Mirida, Yucatan; Mixico. En la agenda estuvo presente el problema del narcotrafico y el conflicto en Chiapas, coincidiendo que para resolver el segundo problema es necesario el dialogo y la concertacisn. Los Legisladores espaqoles hicieron un llamado respetuoso a que los actores polmticos mexicanos resuelvan el conflicto en Chiapas, con justicia y con respeto a las comunidades indmgenas. Ademas, afirmaron que las matanzas de indmgenas trasciende las fronteras. Luego de la matanza de Acteal los institutos polmticos espaqoles firmaron un documento de cuatro puntos en el que fijaron su posicisn respecto a Chiapas: 1.- Perseguir y desenmascarar a los instigadores de la terrible matanza de Acteal. 2.- Resolver por la vma pacifica el conflicto 3.- Solicitar que el modelo de desarrollo tenga en cuenta la necesidad de superar las desigualdades y la pobreza extrema. 4.- Hacer un llamado para que todos los gobiernos intensifiquen sus programas de cooperacisn hacia las naciones en desarrollo. Agregaron, que el Parlamento espaqol no se priva de opinar sobre los conflictos que "ponen en tela de juicio los derechos humanos", como sucedis en Acteal. En el transcurso de este aqo se llevaran a cabo una serie de reuniones internacionales donde Mixico estara presente y por supuesto el tema Chiapas saldra a relucir. En este sentido, si el gobierno de Albores Guillin continza con la polmtica que hasta hoy ha seguido, obviamente su proceder aparecera en la agenda. En este marco se ubica la reunisn de la ONU en el prsximo mes de noviembre, donde habra un relator especial para Mixico, que atendera la situacisn de Derechos Econsmicos, Polmticos, Sociales y Culturales, donde se ubica el asunto de los 21 mil 100 desplazados de Chiapas por los presuntos grupos paramilitares. Onicimo Hidalgo Centro de Investigaciones Economicas y Politicas de Accion Comunitaria, A.C. CIEPAC CIEPAC, miembro de la red nacional de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia Nota: Si usas la informacion, cita la fuente, asi como nuestro "buzon" de correo electronico. Te agradeceriamos mucho hacernos llegar tus comentarios sobre estos Boletines. CIEPAC, A.C., es una organizacion no gubernamental y no lucrativa, y tu apoyo es necesario para continuar ofreciendote este servicio informativo y de analisis. Si deseas colaborar, con cualquier cantidad, te lo agradecemos infinitamente a la cuenta bancaria a nombre de: CIEPAC, A.C.; Banco: BANCOMER; Numero de cuenta: 1003458-8; Sucursal 437; San Cristobal de las Casas, Chiapas, Mexico. Gracias! NOTE: This bulletin will be translated into English shortly. If you wish to be placed on the list to receive the English version, or versions in both languages, please direct a request to the e-mail that follows below. 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